Cambio de nombres, mismos problemas: Melella reordena Economía en medio de una provincia cada vez más ajustada
Alejandro Barrozo asumió como nuevo ministro tras la salida del equipo económico provincial. El Gobierno habló de una “transición ordenada”, pero las renuncias volvieron a encender alarmas sobre la situación financiera de Tierra del Fuego.
ECONOMÍAPOLÍTICA
El recambio en el Ministerio de Economía de Tierra del Fuego llegó envuelto en el lenguaje habitual de la política: agradecimientos, continuidad de gestión y llamados a la estabilidad. Pero detrás de la designación de Alejandro Barrozo como nuevo titular de la cartera económica quedó expuesto algo bastante más profundo que un simple “reacomodamiento”, como intentó definirlo el Gobierno provincial. La salida de Francisco Devita y de parte del núcleo técnico del área terminó alimentando las versiones sobre el delicado escenario financiero que atraviesa la provincia.
La administración de Gustavo Melella buscó rápidamente cerrar filas y mostrar normalidad. Desde Casa de Gobierno insistieron en que la transición fue “acordada” y sin conflictos internos, mientras el jefe de Gabinete Jorge Canals salió a desmentir rumores de crisis económica y fracturas políticas. Sin embargo, la magnitud de las renuncias dentro del área económica hizo difícil sostener la idea de una simple rotación administrativa.
La llegada de Alejandro Barrozo tampoco representa un cambio de rumbo. Su perfil técnico y su extensa trayectoria dentro de la estructura estatal parecen responder más a una lógica defensiva que a un intento de reformulación económica. El nuevo ministro pasó por la Contaduría General, Hacienda, AREF y distintos organismos de control provincial, consolidándose como un hombre del aparato administrativo fueguino antes que como una figura política de renovación.
El problema para el oficialismo es que el contexto ya no permite administrar tensiones solamente con discursos institucionales. La provincia acumula meses de deterioro financiero, conflictos salariales y dificultades crecientes para sostener compromisos básicos con municipios, docentes y sectores estatales. A eso se suma un escenario nacional adverso, con caída de recursos y un régimen industrial fueguino sometido a fuertes cuestionamientos desde el gobierno nacional y organismos internacionales.
En paralelo, la gestión Melella intenta sostener una narrativa de orden fiscal y previsibilidad. Barrozo debutó públicamente ratificando pagos de deuda en dólares y defendiendo la “responsabilidad fiscal” de la provincia, un mensaje pensado más para los mercados y acreedores que para una sociedad atravesada por salarios deteriorados y servicios públicos tensionados.
La contradicción política empieza a volverse evidente. Mientras el Gobierno habla de equilibrio financiero, Tierra del Fuego continúa sin presupuesto aprobado para 2026 y debió reconducir partidas mediante decreto. La administración provincial fijó ingresos por más de 2,4 billones de pesos sin debate legislativo previo, una señal que refleja hasta qué punto la gestión económica quedó condicionada por la fragilidad política y fiscal del Ejecutivo.
A eso se suma otro dato incómodo para el oficialismo: la creciente sensación de improvisación. En pocos meses, la provincia pasó de rechazar herramientas impulsadas por Nación a comenzar un acercamiento pragmático hacia esquemas como el RIGI, presionada por la necesidad urgente de atraer inversiones y sostener actividad económica. Ese giro dejó al descubierto una administración obligada a recalcular permanentemente frente a una economía provincial cada vez más expuesta.
En ese escenario, el desembarco de Barrozo aparece menos como el inicio de una nueva etapa y más como una maniobra de contención dentro de un gabinete que intenta atravesar el desgaste sin alterar demasiado el esquema de poder. El problema para Melella es que la crisis económica ya dejó de ser un problema exclusivamente técnico. Empezó a convertirse, cada vez con más fuerza, en un problema político.
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