Cayó uno de los sindicalistas más poderosos de Tierra del Fuego y la condena a Córdoba sacude al sistema político fueguino
Carlos Córdoba y Miguel Arana fueron condenados a cinco años de prisión efectiva por estafas vinculadas a viviendas sociales de ATE. El histórico dirigente sindical quedó detenido tras conocerse el veredicto.
GREMIALESUSHUAIA
La condena contra Carlos Córdoba marca uno de los golpes judiciales y políticos más fuertes de los últimos años en Tierra del Fuego. El histórico secretario general de ATE fue condenado este viernes a cinco años de prisión efectiva por maniobras fraudulentas vinculadas al plan de viviendas sociales de Barrancas del Río Pipo, en Ushuaia. El Tribunal también condenó a Miguel Arana con la misma pena y ordenó la inmediata detención de ambos tras la lectura del fallo.
La sentencia cierra una causa que durante años funcionó como símbolo silencioso de una forma de construcción sindical y política profundamente arraigada en la provincia. El expediente investigó irregularidades vinculadas a la adjudicación y comercialización de 128 viviendas impulsadas desde ATE, donde la Fiscalía sostuvo que existieron maniobras defraudatorias que perjudicaron a numerosas familias que buscaban acceder a una solución habitacional.
El impacto institucional de la condena es enorme. Córdoba no era solamente un dirigente gremial más. Durante décadas fue una de las figuras de mayor peso dentro del sindicalismo estatal fueguino, con influencia directa sobre gobiernos provinciales, municipios y buena parte de la estructura política local. Su capacidad de presión y negociación convirtió a ATE en uno de los actores más determinantes dentro del empleo público provincial.
Por eso, la condena trasciende ampliamente el plano judicial. Lo que empieza a desmoronarse también es parte de un esquema histórico de poder construido alrededor de sindicatos con enorme capacidad de influencia y controles institucionales extremadamente débiles.
La decisión del Tribunal incluso fue más dura que lo solicitado inicialmente por la Fiscalía. Durante los alegatos, el fiscal Daniel Curtale había pedido cuatro años de prisión para Córdoba y Arana por 22 hechos vinculados al emprendimiento habitacional. Finalmente, los jueces avanzaron con una pena de cinco años de cumplimiento efectivo.
Antes de escuchar el veredicto, Córdoba intentó defenderse frente al Tribunal y volvió a rechazar las acusaciones. Aseguró sentirse inocente y sostuvo que jamás engañó a las personas involucradas en el proyecto habitacional. Sin embargo, la sentencia terminó desarmando definitivamente esa estrategia defensiva.
El caso golpea además sobre uno de los temas más sensibles de Tierra del Fuego: el acceso a la vivienda. La provincia arrastra desde hace décadas un déficit habitacional profundo, agravado por alquileres cada vez más inaccesibles, crecimiento urbano desordenado y dependencia permanente de planes estatales y sindicales para acceder a terrenos o viviendas.
Por eso, las maniobras investigadas generaron un nivel de indignación todavía mayor. Las víctimas no eran inversores privados ni operaciones comerciales complejas. Eran trabajadores que buscaban una vivienda en una de las provincias más caras y difíciles del país para construir un hogar.
La caída judicial de Córdoba también expone otra crisis más amplia dentro del sindicalismo tradicional fueguino. En los últimos años comenzaron a multiplicarse cuestionamientos internos vinculados a falta de transparencia, permanencia indefinida de conducciones y utilización política de estructuras gremiales históricas.
El problema para buena parte de la dirigencia sindical es que la condena instala una imagen muy difícil de revertir: la de estructuras que durante años concentraron enorme poder político y económico mientras los mecanismos de control prácticamente no funcionaban.
La situación además llega en un momento especialmente delicado para la provincia. Tierra del Fuego atraviesa conflictos salariales, deterioro económico, crisis industrial y creciente malestar social. Y en ese contexto, una condena por estafas vinculadas justamente a viviendas sociales profundiza todavía más la desconfianza sobre parte de las estructuras de representación tradicionales.
La detención inmediata de Córdoba terminó de darle al fallo una dimensión todavía más impactante. El dirigente que durante años encabezó movilizaciones, negociaciones salariales y disputas políticas provinciales salió esta vez del Tribunal bajo custodia judicial.
Y aunque seguramente el proceso judicial todavía continúe en instancias superiores, políticamente ya ocurrió algo mucho más profundo: cayó una de las figuras sindicales más influyentes de la historia reciente fueguina.
Con él, también empieza a quedar bajo revisión una forma entera de ejercer poder dentro de la provincia.
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