El "Capricho" Constitucional de Melella: Elecciones en medio del Naufragio

En una maniobra que destila desconexión con la realidad, Gustavo Melella oficializó el llamado a elecciones constituyentes. Mientras las escuelas se caen a pedazos y los jubilados policiales mueren esperando sus haberes, el Ejecutivo prefiere gastar millones en una reforma innecesaria que solo parece buscar su propia supervivencia política. La Legislatura, en un intento de frenar esta locura institucional, tratará este jueves la derogación de la ley que habilitó el proceso, en una sesión que promete ser un campo de batalla.

La firma del decreto que convoca a elecciones para convencionales constituyentes no es solo un paso administrativo. Es una jugada política de alto impacto. Y, como toda jugada de este calibre, llega cargada de interrogantes.

El gobernador Gustavo Melella decidió avanzar y ponerle fecha —el 9 de agosto— a un proceso que llevaba meses de incertidumbre, trabas judiciales y disputas políticas.
El mensaje es claro: la reforma va, pese a todo.

Pero justamente ahí aparece el primer problema.

Porque no se trata de una reforma cualquiera. Es la Constitución. La norma que organiza el poder, define derechos y establece reglas de juego a largo plazo. Y avanzar en ese terreno sin consensos amplios siempre deja una sensación incómoda: la de que la política corre más rápido que la institucionalidad.

El oficialismo presenta la iniciativa como una oportunidad histórica: modernizar el Estado, actualizar normas, proyectar la provincia hacia el futuro.
El discurso es atractivo. Difícil oponerse a la idea de mejorar las instituciones.

Pero el contexto le cambia el sentido.

La convocatoria se da en medio de un escenario de confrontación con la Legislatura de Tierra del Fuego, con sectores opositores intentando frenar el proceso y con una judicialización que todavía proyecta incertidumbre.
Es decir, no hay acuerdo político amplio. Hay disputa.

Y cuando una Constitución se reforma en ese clima, el riesgo es evidente: que deje de ser una construcción colectiva para convertirse en el resultado de una correlación de fuerzas coyuntural.

El segundo punto es el timing.

La decisión de avanzar ahora no es neutral. Se produce en un momento donde el oficialismo necesita recuperar iniciativa política, en un contexto de desgaste y pérdida de volumen legislativo.
En ese marco, la reforma también puede leerse como una forma de reordenar el escenario.

No necesariamente para mejorar reglas, sino para reconfigurar poder.

El tercer elemento es quizás el más delicado: la confianza.

Las reformas constitucionales requieren algo más que legalidad. Necesitan legitimidad. Y esa legitimidad no se construye solo con una ley previa o un decreto. Se construye con consensos, debate público real y certezas sobre el proceso.

Hoy, en cambio, lo que domina es la incertidumbre:

• ¿Qué se va a reformar exactamente?

• ¿Con qué límites?

• ¿Con qué objetivos concretos?

Sin esas respuestas claras, la convocatoria corre el riesgo de quedar atrapada en la sospecha.

Nada de esto implica negar la necesidad de discutir una actualización constitucional. Las sociedades cambian, y las normas también deben hacerlo. Pero hay una condición básica: el proceso tiene que ser tan sólido como el resultado que busca.

Y ahí es donde aparecen las dudas.

Porque avanzar puede ser una señal de decisión política.
Pero avanzar sin acuerdos puede ser también una señal de debilidad.

En definitiva, el decreto no solo pone en marcha una elección.
Pone en marcha un debate más profundo:

si la reforma será una herramienta para fortalecer las instituciones
o un nuevo capítulo en la disputa por el poder.