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La política del escrache: cuando el conflicto reemplaza al debate
Las acusaciones cruzadas tras el episodio ocurrido en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego exponen algo que ya empieza a ser habitual en la política argentina: la incapacidad de separar confrontación de discusión democrática.
Agustín Coto apuntó directamente contra Horacio Catena, a quien responsabilizó de organizar el escrache durante una actividad vinculada a dirigentes libertarios. (infofueguina.com)
La acusación no es menor. Porque ya no se trata solamente de una protesta espontánea o de un desacuerdo político: implica señalar planificación y responsabilidad directa de un dirigente sindical con fuerte peso provincial.
Pero el problema no termina ahí.
El episodio vuelve a mostrar cómo el clima político se desplaza cada vez más desde la discusión hacia la lógica del señalamiento, la hostilidad y la exposición pública del adversario. Y cuando eso ocurre dentro de una universidad, la situación adquiere otra dimensión.
La universidad debería ser, justamente, uno de los últimos espacios donde el debate pueda sostenerse sin necesidad de caer en dinámicas de intimidación o confrontación permanente. No porque deba estar aislada de la política —sería imposible— sino porque históricamente funcionó como ámbito de discusión crítica y plural.
Sin embargo, el clima actual parece ir en sentido contrario.
Los sectores libertarios denuncian persecución ideológica y hostigamiento organizado. Del otro lado, sectores sindicales y estudiantiles sostienen que las protestas son consecuencia natural del rechazo que generan determinadas políticas nacionales y provinciales.
Ambas narrativas se alimentan mutuamente.
Y en el medio queda una realidad incómoda: la política empieza a expresarse más mediante escraches, acusaciones y confrontaciones directas que mediante discusión pública real.
Ese deterioro tiene varias consecuencias.
La primera es la naturalización del conflicto permanente. Todo acto político se convierte potencialmente en escenario de tensión. Toda protesta puede ser interpretada como operación organizada. Toda crítica escala rápidamente hacia una lógica de enemigos.
La segunda consecuencia es el desgaste institucional.
Cuando dirigentes políticos y sindicales pasan a acusarse mutuamente de promover hostigamiento, la discusión deja de centrarse en ideas o propuestas. El foco pasa a ser quién presiona más, quién moviliza más o quién logra imponer mayor costo político al otro.
Y eso erosiona la calidad democrática.
Porque una democracia necesita conflicto —el desacuerdo es parte central del sistema— pero necesita también reglas mínimas de convivencia. Cuando esas reglas empiezan a romperse, el debate público se vuelve cada vez más agresivo y menos racional.
El tercer punto tiene que ver con la radicalización.
La política argentina atraviesa un momento donde los incentivos premian la confrontación antes que el consenso. En ese contexto, cada episodio como el de la UNTDF se convierte rápidamente en combustible para profundizar identidades enfrentadas.
Los libertarios refuerzan su discurso contra sindicatos y estructuras tradicionales. Los sectores gremiales endurecen su rechazo al oficialismo nacional y sus aliados provinciales.
El resultado es una espiral donde cada conflicto confirma el relato del otro.
Y ahí aparece el riesgo más profundo: que la política deje de intentar convencer y pase únicamente a buscar disciplinar o desacreditar al adversario.
En definitiva, el episodio en la UNTDF no parece ser un hecho aislado.
Es parte de un clima político donde el escrache empieza a ocupar el lugar que antes tenía el debate. Y cuando eso sucede, todos los espacios institucionales —incluidas las universidades— terminan atrapados en la lógica de la confrontación permanente.
