Frente Judicial Fueguino contra la Explotación Ilegal en Malvinas: La Justicia Federal asumió la causa por el yacimiento Sea Lion
La jueza Mariel Borruto se declaró competente en la demanda promovida por el CECIM y ambientalistas, sumando la presentación de Río Grande y Ushuaia como querellantes.
JUDICIALESPOLÍTICA
Un avance judicial decisivo en la tutela ambiental y soberana del Atlántico Sur se consumó en los tribunales federales de Río Grande. La jueza federal Mariel Borruto declaró la competencia de su juzgado para intervenir en la acción colectiva impulsada por el Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM La Plata) y la Asociación de Abogados Ambientalistas contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
La demanda busca frenar las operaciones del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, una cuenca situada a 220 kilómetros del archipiélago donde se proyecta una extracción ilegal a gran escala. Frente a esta situación, el intendente de Río Grande, Martín Perez, anunció la presentación del municipio como parte interesada ante el expediente, calificando el proceso judicial como una vía concreta de defensa del patrimonio natural fueguino.
En simultáneo, el municipio de Ushuaia formalizó su incorporación como querellante en la misma causa a través de las declaraciones del secretario Omar Becerra y el intendente Walter Vuoto. Desde la capital se alertó que el yacimiento Sea Lion equivale en volumen a una ""Vaca Muerta II"", por lo que permitir la explotación británica sin control argentino constituye un daño ambiental imperdonable y una entrega de soberanía.
El respaldo judicial local coincide con medidas dispuestas desde la Cancillería Nacional mediante la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior para supervisar reuniones con actores extranjeros en materia de soberanía. El frente judicial unificado entre excombatientes, juristas y los gobiernos municipales de la isla sienta un antecedente clave en la persecución penal de empresas multinacionales que violan la legislación argentina en aguas usurpadas.
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