La Fiscalía le dio aire a Melella y la reforma constitucional volvió a quedar en carrera pese al caos institucional
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el recurso presentado ante la Corte Suprema no frena automáticamente el proceso electoral. El oficialismo ganó tiempo, pero la crisis política y judicial sigue lejos de resolverse.
POLÍTICA
El Ministerio Público Fiscal sostuvo que el recurso presentado ante la Corte Suprema no frena automáticamente el proceso electoral. El oficialismo ganó tiempo, pero la crisis política y judicial sigue lejos de resolverse.
La pelea por la reforma constitucional sumó un nuevo capítulo y volvió a darle oxígeno político al gobierno de Gustavo Melella. El Ministerio Público Fiscal dictaminó que el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema no suspende automáticamente el proceso electoral para elegir convencionales constituyentes, una definición que fortalece momentáneamente la estrategia del Ejecutivo en medio de una crisis institucional cada vez más profunda.
El dictamen apareció después de que la Justicia Electoral decidiera frenar provisoriamente el cronograma electoral previsto para agosto de 2026 debido a la incertidumbre jurídica alrededor de la reforma. El escenario se volvió extremadamente complejo: una ley derogada por la Legislatura, un veto posterior del Ejecutivo, recursos judiciales abiertos y una presentación pendiente ante la Corte Suprema terminaron colocando al proceso constituyente en una situación inédita para la política fueguina.
La Fiscalía sostuvo ahora que el artículo 285 del Código Procesal Civil y Comercial establece claramente que un recurso de queja no suspende el procedimiento mientras la Corte Suprema no lo acepte formalmente. Traducido al terreno político: para el Ministerio Público Fiscal no existe hoy un impedimento automático para continuar con el proceso electoral de la reforma.
La definición representa una victoria parcial para Melella, que viene enfrentando uno de los momentos políticos más desgastantes desde que asumió la gobernación. La reforma constitucional, que originalmente buscaba consolidar liderazgo y proyectar poder institucional, terminó convirtiéndose en el principal foco de confrontación política y judicial de la provincia.
Sin embargo, el dictamen también dejó un mensaje mucho más prudente de lo que el oficialismo intenta mostrar públicamente. La Fiscalía aclaró que cualquier intervención judicial sobre la convocatoria electoral o sobre la ley derogada requiere la existencia concreta de un “caso o controversia judicial” y remarcó la necesidad de actuar con “máxima prudencia” frente a cuestiones de fuerte contenido político e institucional.
Es decir: el conflicto está lejos de resolverse.
De hecho, la discusión ya desbordó completamente el plano jurídico y empezó a transformarse en una crisis de legitimidad política. El Gobierno insiste en sostener una reforma cada vez más cuestionada por la oposición, por sectores del propio peronismo y por una parte importante de la sociedad fueguina, que percibe el debate constituyente como una prioridad desconectada de la crisis económica que atraviesa la provincia.
La fractura política también se profundizó dentro del oficialismo ampliado. La relación entre Melella y Walter Vuoto atraviesa uno de sus peores momentos, mientras distintos sectores legislativos comenzaron a despegarse de la estrategia del Ejecutivo. La derogación de la ley de reforma aprobada por amplia mayoría en la Legislatura dejó expuesta una pérdida de control político que el Gobierno todavía no logró revertir completamente.
En paralelo, la Justicia Electoral quedó atrapada en el centro de una disputa institucional extremadamente sensible. La propia Fiscalía recordó que la competencia para definir el cronograma electoral corresponde al fuero electoral provincial, que ahora deberá decidir cómo continúa un proceso atravesado por cuestionamientos políticos, vetos y recursos judiciales simultáneos.
El problema para el oficialismo es que cada nuevo avance judicial parece profundizar el desgaste político en lugar de resolverlo. La reforma ya no genera debate sobre contenido constitucional. Lo que domina la escena es la pelea por la legitimidad del procedimiento, la utilización del poder político y la insistencia del Gobierno en sostener una agenda que buena parte de la sociedad observa con creciente distancia.
Mientras tanto, Tierra del Fuego sigue acumulando conflictos salariales, crisis industrial, caída del consumo y tensión social prácticamente en todos los sectores estatales. Y en ese contexto, la discusión constituyente empieza a aparecer cada vez más como una batalla política del poder antes que como una demanda real de la sociedad fueguina.
La Fiscalía le dio ahora una herramienta jurídica importante al Gobierno. Pero el verdadero problema de Melella ya no parece estar solamente en los tribunales. Empieza a estar en el desgaste político acumulado por una reforma que, lejos de consolidar gobernabilidad, terminó abriendo uno de los escenarios institucionales más frágiles de los últimos años en la provincia.
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