La Justicia frenó la reforma de Melella y la crisis política entró en zona de máxima tensión
La jueza electoral Mariel Zanini suspendió el cronograma para elegir convencionales constituyentes. La reforma impulsada por el gobernador quedó atrapada entre fallos judiciales, leyes derogadas y una interna política cada vez más expuesta.
POLÍTICA
La jueza electoral Mariel Zanini suspendió el cronograma para elegir convencionales constituyentes. La reforma impulsada por el gobernador quedó atrapada entre fallos judiciales, leyes derogadas y una interna política cada vez más expuesta.
El proyecto político más ambicioso de Gustavo Melella acaba de recibir uno de sus golpes más duros. La Justicia Electoral de Tierra del Fuego resolvió frenar la emisión del cronograma para las elecciones de convencionales constituyentes previstas para el 9 de agosto y dejó a la reforma constitucional en un limbo institucional que el propio oficialismo ya no logra disimular.
La decisión de la jueza Mariel Zanini no suspendió formalmente las elecciones, pero sí paralizó el mecanismo que debía poner en marcha todo el proceso electoral. Y en política, eso equivale a mucho más que un trámite administrativo. Sin calendario oficial no hay presentación de alianzas, oficialización de listas, campañas ni certezas jurídicas sobre cómo continuará una reforma que desde hace meses acumula cuestionamientos políticos, judiciales y hasta internos dentro del propio oficialismo.
El argumento judicial fue especialmente contundente. Zanini sostuvo que avanzar con el cronograma en el contexto actual “difícilmente contribuiría a dotar de certeza y seguridad jurídica” al proceso. La frase cayó como una bomba en Casa de Gobierno porque expone algo que hasta ahora el Ejecutivo intentaba relativizar: la propia Justicia Electoral reconoce que existe un escenario de inestabilidad institucional alrededor de la reforma impulsada por Melella.
El problema para el oficialismo es que la crisis dejó de ser únicamente jurídica. La reforma constitucional ya se convirtió en el eje de una pelea política que fracturó alianzas, profundizó la ruptura con sectores del PJ y tensó la relación entre el Gobierno provincial y buena parte de la oposición. Incluso dentro del peronismo fueguino comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre el costo político y económico de insistir con una Convención Constituyente en medio de una provincia atravesada por conflictos salariales, caída de recursos y deterioro estatal.
La situación se volvió todavía más caótica después de que la Legislatura derogara la ley que había declarado la necesidad de la reforma constitucional. Aunque Melella respondió con un veto total para sostener el proceso, la discusión terminó escalando a niveles institucionales inéditos en la provincia. Hoy conviven una convocatoria electoral vigente, una ley derogada, recursos judiciales abiertos y una Corte Suprema que todavía no resolvió el expediente principal.
En paralelo, la causa “Lechman c/ Provincia de Tierra del Fuego” sigue abierta y mantiene bajo análisis la constitucionalidad misma del proceso constituyente. Ese expediente fue uno de los elementos centrales que llevaron a la Justicia Electoral a congelar los plazos. El temor de fondo es claro: avanzar con la elección y que posteriormente todo termine judicializado o incluso anulado.
La reacción del oficialismo tampoco ayudó a descomprimir el escenario. Funcionarios cercanos a Melella salieron a cuestionar públicamente decisiones judiciales y defendieron la continuidad de la reforma como una “decisión política irreversible”. Las críticas encendieron además una nueva tensión con sectores del Poder Judicial y asociaciones vinculadas a magistrados y funcionarios judiciales.
Detrás de toda la discusión aparece otra sospecha que sobrevuela hace meses el escenario político fueguino: la posibilidad de que la reforma abra la puerta a cambios vinculados con reelecciones, distribución de poder y rediseño institucional favorable al oficialismo. Aunque el Gobierno intenta presentar la iniciativa como una actualización democrática de la Constitución provincial, la oposición insiste en que el verdadero objetivo es consolidar poder en un momento de debilidad política creciente.
El dato más delicado para Melella es que la reforma, que inicialmente buscaba mostrar iniciativa política y liderazgo, terminó generando exactamente el efecto contrario. Hoy aparece asociada a incertidumbre jurídica, enfrentamientos internos, vetos cruzados y una provincia atrapada en una discusión institucional mientras se acumulan problemas financieros, reclamos salariales y conflictos sociales.
Y quizás ahí esté el mayor daño político para el oficialismo. Porque cuando una reforma constitucional deja de discutirse en términos de futuro y empieza a hablarse en términos de crisis, el problema ya no es solamente judicial. Empieza a convertirse en un síntoma de desgaste de poder.
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