la Legislatura derogó la ley que propone la reforma de la Constitución provincial

La votación que terminó con la derogación de la Ley 1529 no puede leerse como un episodio aislado ni como una simple corrección legislativa. El dato formal —11 votos a favor y 4 en contra en una sesión que se extendió hasta la madrugada— apenas alcanza para describir el resultado. Lo verdaderamente relevante es lo que ese número representa: la ruptura definitiva de un proceso político que el propio sistema institucional había puesto en marcha menos de dos años atrás.

Porque la misma Legislatura que en 2023 declaró “necesaria” la reforma constitucional ahora decide desactivarla. No hay manera de suavizar esa contradicción. No se trata de una evolución natural del debate ni de una revisión técnica, sino de un cambio de correlación de fuerzas que expone con crudeza que nunca existió un consenso real para avanzar sobre la Constitución. Lo que hubo fue, en el mejor de los casos, una mayoría circunstancial que intentó empujar una reforma estructural sin estabilidad política suficiente.

La derogación tiene además un efecto concreto que va más allá del gesto político: deja sin sustento legal todo el proceso de reforma. Sin la ley que declaraba su necesidad, cualquier intento de modificación constitucional vuelve a foja cero, sin posibilidad siquiera de convocar a convencionales bajo el esquema previo. Y esto ocurre en simultáneo con un Ejecutivo que, en una jugada que roza lo temerario, había decidido avanzar igual convocando a elecciones constituyentes, profundizando un conflicto institucional que ya no es latente sino abierto.

Lo que se vio en la sesión no fue solo una discusión sobre la Constitución, sino una disputa de poder sin mediaciones. De un lado, un gobierno que intentó blindar políticamente un proceso reformista aun cuando perdía respaldo. Del otro, una oposición que encontró en la derogación no solo un argumento jurídico, sino una herramienta para frenar una iniciativa que consideraba inoportuna o directamente peligrosa. En el medio, una institucionalidad tensionada al límite, donde las decisiones se superponen en lugar de ordenarse.

El rol de figuras como Jorge Lechman, impulsor de la derogación, también revela el trasfondo del conflicto: el debate ya no gira en torno a qué Constitución necesita la provincia, sino a quién define ese proceso y en qué condiciones. El discurso de defensa de la Carta Magna vigente no es solo una posición doctrinaria; es también una respuesta política a un oficialismo que avanzó sin construir acuerdos duraderos.

Pero el problema más profundo es otro. Una Constitución es, por definición, un pacto de largo plazo. No puede depender de mayorías volátiles ni de coyunturas electorales. Cuando una reforma nace con ese nivel de fragilidad —y termina siendo anulada por el mismo órgano que la impulsó— lo que queda expuesto no es solo el fracaso de una iniciativa, sino la precariedad del sistema político para sostener políticas de Estado.

La sesión que terminó de madrugada no cerró un capítulo: dejó al descubierto que el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego nunca logró salir del terreno de la disputa inmediata. Y cuando eso ocurre, la Constitución deja de ser un proyecto colectivo para convertirse en una herramienta más dentro de la pelea por el poder.