La Salud en Coma: Hospitales sin Insumos y Jubilados que Mueren Esperando Justicia
Confirmaron siete casos en el crucero del hantavirus mientras la Caja Policial acumula decesos por falta de pago de haberes.
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El conflicto previsional de los retirados policiales de Tierra del Fuego dejó de ser un expediente administrativo hace tiempo. Lo que comenzó como un reclamo por atrasos en pagos terminó convirtiéndose en una crisis humana, política e institucional que expone uno de los costados más delicados de la situación financiera provincial. Esta semana, el suboficial mayor retirado Alfredo Gatti aseguró que ya hubo fallecidos entre los exintegrantes de la fuerza afectados por la deuda previsional que arrastran desde hace casi un año.
La frase cayó con fuerza porque llegó después de meses de silencio oficial y promesas incumplidas. Según denuncian los retirados, más de 540 familias continúan sin percibir entre el 40 y el 45 por ciento de sus haberes complementarios, una situación que golpea especialmente a adultos mayores con problemas de salud, tratamientos médicos y situaciones de vulnerabilidad económica.
Gatti describió un escenario de abandono que ya no se limita al deterioro económico. Habló de compañeros fallecidos, de jubilados endeudados, de personas que deben recurrir a amparos judiciales para acceder a medicamentos y de una estructura estatal que, según denuncian, “desapareció” cuando comenzaron los incumplimientos.
El problema se volvió todavía más incómodo para el Gobierno provincial porque la crisis ya llegó de lleno a la Legislatura y a la agenda pública. Durante las últimas semanas los retirados presentaron informes técnicos denunciando el desfinanciamiento de la caja previsional policial y reclamando auditorías, responsabilidades políticas e interpelaciones a funcionarios. En paralelo, la propia Legislatura debió avanzar con medidas de emergencia para frenar ejecuciones bancarias contra jubilados afectados por la falta de pago.
La decisión parlamentaria dejó expuesto otro dato delicado: el Estado provincial no sólo enfrenta dificultades para cumplir con obligaciones previsionales, sino que además terminó empujando a cientos de retirados a situaciones de morosidad con créditos otorgados por el propio Banco Tierra del Fuego. La escena resulta políticamente explosiva para cualquier administración.
En los sectores de retirados la bronca crece porque sienten que fueron utilizados políticamente durante años y luego descartados cuando comenzaron los problemas financieros. Las críticas ya no apuntan solamente contra la Caja previsional, sino directamente contra la gestión de Gustavo Melella y parte de la dirigencia política provincial.
El trasfondo económico también empieza a mostrar señales preocupantes. Tierra del Fuego atraviesa una combinación compleja de caída de recursos, presión salarial, conflictos estatales y tensión sobre las cuentas previsionales. Municipios endeudados con la Caja, sistemas compensatorios desfinanciados y partidas insuficientes forman parte de un cuadro que se viene deteriorando desde hace tiempo, pero que ahora empieza a impactar sobre sectores particularmente sensibles.
La situación además golpea sobre un terreno políticamente incómodo para el oficialismo: las fuerzas de seguridad. No se trata de un conflicto gremial tradicional ni de una protesta sectorial más. Son retirados, pensionados y familias vinculadas históricamente al propio Estado provincial quienes hoy denuncian sentirse abandonados por el sistema que durante décadas sostuvieron.
Mientras tanto, desde el Ejecutivo las respuestas continúan siendo parciales, técnicas o directamente evasivas. El Gobierno prometió proyectos legislativos, revisiones y soluciones administrativas, pero el conflicto sigue abierto y la deuda continúa creciendo. En ese contexto, las declaraciones de Gatti terminaron funcionando como algo más que una denuncia: pusieron en evidencia el costo humano que empieza a tener la crisis financiera provincial.
Y ahí aparece quizás el dato más incómodo para la gestión Melella. Porque cuando una administración empieza a acumular docentes en conflicto, municipios reclamando fondos, jubilados endeudados y retirados policiales denunciando fallecimientos mientras esperan cobrar, la discusión deja de ser solamente económica. Empieza a transformarse en una crisis de legitimidad política.
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