Lechman logró frenar la reforma constitucional: la Legislatura derogó la Ley 1529 por amplia mayoría

La figura de Jorge Lechman aparece en la cobertura de Radio Universidad como el actor que “logró frenar” la reforma constitucional, pero reducir lo ocurrido a una victoria individual es, en el mejor de los casos, una simplificación funcional a la narrativa política del momento. Lo que sucedió en la Legislatura fue mucho más que la eficacia de un legislador: fue el colapso de una estrategia oficial que nunca consiguió sostenerse ni jurídica ni socialmente.

El dato central —la derogación de la Ley 1529 por amplia mayoría— confirma algo que ya venía gestándose desde hace meses: la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo había perdido respaldo político de manera sostenida, incluso antes de llegar a esta instancia final. La iniciativa arrastraba cuestionamientos judiciales, demoras y una falta de avances concretos como la propia convocatoria a convencionales, lo que evidenciaba un proceso trabado desde su origen. A eso se sumó un cambio en la composición legislativa que dejó al oficialismo sin la correlación de fuerzas que había tenido en 2023, debilitando aún más una propuesta que ya era discutida.

En ese contexto, la intervención de Lechman —que incluyó argumentos jurídicos, pero también un fuerte componente simbólico en defensa de la Constitución vigente— funcionó más como catalizador que como causa. Su proyecto para derogar la ley no surgió en el vacío: se apoyó en un clima político y social adverso a la reforma, donde incluso estudios de opinión mostraban niveles de rechazo cercanos al 78% y una caída abrupta del apoyo a la iniciativa oficial. Es decir, la Legislatura no actuó en soledad ni por convicción doctrinaria pura: respondió a un escenario donde la reforma había dejado de ser defendible en términos de legitimidad.

El relato de “frenar la reforma” también oculta otro elemento incómodo: la propia fragilidad del proceso que se intentaba sostener. Durante semanas, el Ejecutivo avanzó con decisiones unilaterales —como la convocatoria por decreto— que tensionaron el equilibrio institucional y alimentaron la reacción opositora. La discusión dejó de ser sobre el contenido de la reforma para transformarse en una disputa sobre quién tenía autoridad para impulsarla. Y cuando un proceso constituyente se convierte en un conflicto de poderes, su viabilidad política queda seriamente comprometida.

Lo que expone este episodio es, en definitiva, la ausencia de un acuerdo básico para modificar las reglas del juego. La Constitución fueguina no cayó por una ofensiva opositora brillante ni por un error puntual del oficialismo, sino por algo más estructural: nunca logró consolidarse como una necesidad compartida. La reforma no fracasó en la votación; fracasó mucho antes, cuando no pudo construir consenso, cuando no logró instalarse como prioridad en una provincia atravesada por problemas urgentes, y cuando quedó asociada a una lógica de poder más que a una política de Estado.

Presentar el desenlace como el triunfo de un dirigente puede servir para ordenar el relato político inmediato, pero no explica el fondo del problema. Lo que realmente quedó en evidencia es que la reforma constitucional en Tierra del Fuego fue, desde el inicio, un proyecto débil, sostenido más por voluntad política que por legitimidad real. Y cuando esa distancia se vuelve demasiado grande, ninguna estrategia —ni jurídica ni parlamentaria— alcanza para sostenerlo.