Melella defendió el subsidio al gas, pero la crisis energética ya expuso otro frente de desgaste político
Mientras el Gobernador dice que el nuevo esquema es "más justo", desde Ushuaia denuncian una medida "inhumana" que empuja a la tala de árboles.
ECONOMÍARIO GRANDEUSHUAIA
El Gobierno confirmó que mantendrá la asistencia para familias con ingresos menores a 17 salarios mínimos. La medida intenta frenar el malestar social tras el fuerte rechazo al nuevo esquema de subsidios de GLP.
El Gobierno provincial salió a recalcular una de las medidas que más tensión política generó en las últimas semanas. Después de críticas de vecinos, reclamos legislativos y cuestionamientos de distintos sectores sociales, Gustavo Melella confirmó que las familias con ingresos menores a 17 salarios mínimos seguirán accediendo al subsidio para gas envasado en Tierra del Fuego. La decisión busca contener un conflicto que amenazaba con escalar justo antes del invierno fueguino.
La discusión explotó después de que el Ejecutivo avanzara con modificaciones al régimen de subsidios de GLP, argumentando que el sistema anterior resultaba injusto y financieramente difícil de sostener. El Gobierno apuntó especialmente contra desarrolladores urbanos, estancias y sectores de mayores ingresos que también accedían al beneficio estatal. “No podemos subsidiar privilegios”, sostuvo Melella al defender el nuevo esquema.
Sin embargo, la reacción social fue mucho más fuerte de lo esperado. En Ushuaia y Río Grande comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos de familias que todavía no cuentan con conexión a la red de gas natural y dependen exclusivamente de garrafas o zepelines para calefaccionarse. En una provincia donde las temperaturas extremas convierten el acceso al gas en una necesidad básica y no en un lujo, cualquier modificación sobre subsidios energéticos rápidamente se transforma en un problema político sensible.
El conflicto se volvió todavía más incómodo para el oficialismo porque coincidió con otros focos de desgaste económico: caída salarial, crisis de consumo, conflictos docentes y tensión industrial. En ese contexto, el temor a perder subsidios energéticos empezó a alimentar una sensación social de ajuste generalizado que el Gobierno provincial intentó desactivar rápidamente.
Por eso Melella salió personalmente a defender la medida y a marcar un límite político: el subsidio continuará para quienes realmente lo necesiten. Según explicó el Ejecutivo, el nuevo régimen incorpora criterios socioeconómicos más estrictos y busca garantizar sustentabilidad financiera a largo plazo sin eliminar la asistencia a sectores vulnerables.
Pero detrás de la discusión energética aparece otro problema estructural mucho más profundo: el crecimiento urbano desordenado y la falta histórica de infraestructura básica en distintos sectores de Tierra del Fuego. Miles de familias todavía viven en barrios sin acceso a la red de gas natural, una situación que obliga al Estado provincial a sostener subsidios millonarios para calefacción alternativa.
El Gobierno intentó trasladar parte de la responsabilidad hacia urbanizadores privados y desarrolladores inmobiliarios, acusándolos de avanzar con loteos sin garantizar servicios esenciales. De hecho, el nuevo esquema prevé restricciones para futuros desarrollos que no cuenten con infraestructura de gas.
En paralelo, la administración provincial anunció créditos subsidiados a través del Banco Tierra del Fuego para financiar conexiones domiciliarias a la red. También prometió cubrir parte del consumo durante el primer año para quienes logren conectarse. La medida apunta a reducir progresivamente la dependencia del GLP subsidiado, aunque en muchos barrios la infraestructura directamente todavía no existe.
El problema político para Melella es que la discusión llegó en un momento particularmente delicado. La provincia ya atraviesa conflictos por salarios, jubilaciones, industria y reforma constitucional. En ese escenario, tocar subsidios energéticos implicaba abrir otro frente de conflicto en una sociedad donde el costo de vida viene golpeando cada vez más fuerte.
La tensión además dejó expuesta una contradicción que atraviesa buena parte de la administración provincial: la necesidad de ajustar gastos para sostener equilibrio financiero frente a una realidad social que exige cada vez más asistencia estatal. Tierra del Fuego mantiene uno de los esquemas de subsidios energéticos más importantes del país justamente porque sus condiciones climáticas vuelven imposible aplicar recetas uniformes de recorte.
Por ahora, el Gobierno logró descomprimir parcialmente el conflicto aclarando que la enorme mayoría de las familias seguirá dentro del sistema de asistencia. Pero el episodio dejó una señal política evidente: en una provincia donde calefaccionarse es una cuestión de supervivencia, cualquier discusión sobre subsidios energéticos tiene un costo social y político que puede crecer muy rápido.
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