“No hay plata para Ushuaia, pero sí para la reforma”: crece la guerra política entre Melella y el Municipio
Mientras la deuda por coparticipación supera los $12 mil millones, desde Ushuaia denuncian “ahogo financiero” y cuestionan que el Gobierno provincial avance con una reforma constitucional millonaria en plena crisis.
POLÍTICAECONOMÍAUSHUAIA
La pelea entre el Gobierno provincial y el Municipio de Ushuaia dejó hace tiempo de ser una discusión administrativa. La deuda acumulada por coparticipación, que según la Municipalidad ya ronda los 12 mil millones de pesos, terminó por exponer una fractura política cada vez más visible entre el intendente Walter Vuoto y la gestión de Gustavo Melella.
La encargada de ponerle voz al reclamo fue la jefa de Gabinete municipal, Yésica Garay, quien advirtió que el atraso en el envío de fondos ya supera el mes y condiciona el funcionamiento cotidiano de la ciudad. Desde el Ejecutivo capitalino sostienen que la situación no responde a un problema técnico ni transitorio, sino a una decisión política que terminó empujando al Municipio a evaluar incluso una judicialización del conflicto.
El trasfondo del enfrentamiento aparece cada vez menos disimulado. Mientras Ushuaia reclama recursos para sostener servicios básicos, salarios y obras, la Casa de Gobierno mantiene firme su decisión de avanzar con la reforma constitucional impulsada por Melella, una iniciativa que atraviesa semanas de fuerte desgaste político y cuestionamientos internos.
En la capital fueguina el mensaje empezó a endurecerse. Vuoto ya salió públicamente a cuestionar el costo político y económico de la reforma, apuntando contra lo que definió como una “aventura electoral” en medio de una provincia que acumula tensión financiera, conflictos salariales y deterioro de servicios públicos. La discusión dejó de ser jurídica: ahora gira alrededor de prioridades.
El dato incómodo para el oficialismo provincial es que la crisis financiera ya no logra quedar encapsulada dentro de la disputa entre sectores políticos. La preocupación atraviesa municipios, sindicatos y parte del propio esquema estatal. Durante los últimos meses se multiplicaron señales de desgaste interno, reacomodamientos en el gabinete económico y crecientes dificultades para sostener compromisos presupuestarios en distintas áreas.
En ese contexto, el reclamo de Ushuaia golpea directamente sobre uno de los puntos más sensibles de cualquier gestión: la administración de recursos. El Municipio sostiene que el 87,5% de su presupuesto depende de la coparticipación provincial y que la demora en las transferencias paraliza planificación, contratos y negociaciones salariales. Lo que antes podía explicarse como un retraso excepcional, hoy empieza a aparecer como un mecanismo de presión política en medio de la disputa por la reforma y el control territorial de la provincia.
La tensión escaló todavía más después del veto firmado por Melella contra la ley que buscaba modificar el sistema de goteo automático para los municipios. En Ushuaia interpretaron la decisión como una confirmación de que el Ejecutivo provincial no piensa resignar margen de maniobra financiera, aun cuando la relación con los intendentes siga deteriorándose.
Detrás de la discusión institucional empieza a asomar otro problema: la pérdida de cohesión política dentro del propio oficialismo fueguino. Lo que hasta hace poco funcionaba como un armado relativamente alineado hoy exhibe fisuras, reproches cruzados y disputas de poder cada vez más públicas. La reforma constitucional, lejos de ordenar el escenario, terminó funcionando como catalizador de una interna que ya nadie se esfuerza demasiado en ocultar.
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