Portazo Judicial a la "Motosierra" Penal: El STJ advirtió que la provincia no tiene fondos ni cárceles para aplicar la baja de imputabilidad
Ernesto Löffler calificó como "inaplicable en el corto plazo" el nuevo Régimen Penal Juvenil promovido desde la Casa Rosada, señalando que la Constitución fueguina prohíbe derivar menores fuera de la isla y exigiendo financiamiento federal.
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El debate legislativo impulsado por el Gobierno nacional para reducir la edad de imputabilidad chocó de frente con la realidad institucional y edilicia de la justicia insular. El juez del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, Ernesto Löffler, sentó una postura categórica al calificar la eventual implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil como una medida totalmente inaplicable en el corto plazo dentro de la jurisdicción provincial si no media un envío extraordinario de fondos desde la Nación.
Löffler reveló que la provincia carece en forma absoluta de centros de contención y alojamiento especializados para albergar a menores punibles en conflicto con la ley penal. A esta falencia de infraestructura se suma un valladar de rango constitucional: el artículo 52 de la Carta Magna fueguina prohíbe taxativamente que las personas privadas de libertad o bajo proceso judicial sean trasladadas a establecimientos carcelarios ubicados fuera del territorio de la isla.
Desde la cúpula del Poder Judicial advirtieron que la reforma penal no puede resolverse mediante la simple aprobación de un eslogan punitivo en el Congreso de la Nación. Implementar un Fuero Penal Juvenil efectivo requeriría la creación de juzgados específicos, la designación de fiscalías y defensorías especializadas, la contratación de equipos interdisciplinarios y la edificación de institutos de rehabilitación adaptados a estándares internacionales.
El planteo del magistrado encontró sintonía en diversos sectores del foro local, donde remarcaron que traspasar competencias penales a las provincias sin transferir las partidas presupuestarias correspondientes constituye una práctica de desfinanciamiento sistemático. La advertencia judicial pone al descubierto la brecha que separa los proyectos de la Casa Rosada de la capacidad operativa real de un Estado provincial que hoy no puede sostener ni siquiera la infraestructura de sus escuelas públicas.
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