Reforma electoral: cuando “los ciudadanos” aparecen justo a tiempo

En política hay frases que suenan bien. “Poner el foco en los ciudadanos” es una de ellas. Difícil oponerse. ¿Quién podría estar en contra de eso? Sin embargo, cuando esa consigna aparece en medio de una disputa abierta por las reglas electorales, conviene mirar un poco más allá del eslogan.

El planteo de Agustín Coto sobre la reforma electoral se inscribe en un momento particularmente sensible. No es una discusión aislada ni técnica: ocurre en paralelo a tensiones crecientes entre el oficialismo provincial y sectores de la oposición, donde cada modificación del sistema puede alterar el equilibrio político.

La idea de “centrar el sistema en la gente” suele venir acompañada de propuestas concretas: simplificación del voto, cambios en los mecanismos de selección de candidatos o incluso la eliminación de instancias como las primarias. Sobre el papel, muchas de estas iniciativas pueden tener fundamentos atendibles, como reducir costos o mejorar la transparencia. De hecho, la promoción de herramientas como la boleta única forma parte de ese enfoque.

Pero el problema no suele estar en el qué, sino en el cuándo y el para qué.

Porque las reformas electorales rara vez son neutras. Cambiar las reglas del juego en un contexto de competencia activa no solo ordena el sistema: también redefine quién tiene ventaja. Y ahí es donde el discurso empieza a tensionarse.

¿Se busca realmente empoderar al votante o se intenta reconfigurar el tablero político en función de una estrategia? ¿Se trata de mejorar la calidad democrática o de optimizar posiciones de cara a futuras elecciones?

La experiencia argentina —y también la fueguina— muestra que cada intento de reforma viene acompañado de sospechas cruzadas. No por capricho, sino porque los incentivos están a la vista: quien impulsa cambios suele hacerlo desde una lectura concreta de su conveniencia política.

En ese contexto, el riesgo es que el ciudadano —invocado como centro del sistema— termine siendo más un argumento que un protagonista real.

Nada de esto invalida la necesidad de discutir reformas. Los sistemas electorales no son intocables y, de hecho, requieren actualización periódica. Pero hay una condición clave: la legitimidad del proceso.

Cuando las reglas se cambian en medio de la partida, la discusión deja de ser técnica y se vuelve inevitablemente política. Y cuando eso ocurre, la confianza pública —ese insumo básico de cualquier democracia— empieza a erosionarse.

Por eso, más allá de los discursos, la verdadera pregunta no es si la reforma beneficia a los ciudadanos. La pregunta es si los ciudadanos confían en por qué, cómo y cuándo se está haciendo.

Porque en política, poner a la gente en el centro no es una consigna. Es una prueba. Y esa prueba no se supera con declaraciones, sino con reglas claras y consensos reales.