Ultimátum Municipal: Ushuaia y Río Grande cercan a Melella por una deuda que ya es "impagable"
Los municipios fijaron el 16 de junio como fecha límite mientras la acreencia consolidada supera los $31.000 millones.
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El conflicto por la coparticipación en Tierra del Fuego ha dejado de ser una disputa técnica para transformarse en una guerra de supervivencia financiera que amenaza con paralizar la prestación de servicios básicos en toda la isla. Tras meses de reclamos estériles, la jefa de Gabinete de Ushuaia, Yésica Garay, y la secretaria de Finanzas de Río Grande, Valeria Capotorto, "blanquearon" una realidad que el Ejecutivo provincial intentaba maquillar: la Provincia ya les debe más de $31.000 millones en términos reales. Ushuaia reclama $14.000 millones, equivalentes a cuatro masas salariales completas, mientras que Río Grande denuncia una asfixia superior a los $17.000 millones que tiene frenada la obra pública local.
La respuesta oficial de Casa de Gobierno, basada en "atrasos técnicos", ya no encuentra eco en los intendentes, quienes ven en la retención de fondos una herramienta de disciplinamiento político burda y peligrosa. Durante la última mesa técnica, los enviados de Walter Vuoto y Martín Perez fueron tajantes: si el 16 de junio no hay un cronograma de pago concreto, la vía judicial se reactivará de inmediato, poniendo fin a la tregua administrativa. Esta situación se agrava por el contexto nacional, donde el recorte de transferencias federales ha dejado a la provincia sin el paraguas de los anticipos discrecionales, obligando al ministro Alejandro Barrozo a reconocer la deuda pero sin ofrecer garantías de cancelación.
La asfixia no solo afecta el pago de salarios municipales, sino que golpea directamente el mantenimiento de la red vial, la recolección de residuos y los programas sociales en un invierno que ya muestra su cara más cruda. Mientras el Gobierno provincial se jacta de un equilibrio fiscal ficticio sostenido con el goteo ajeno, los municipios deben hacer malabares para pagar a proveedores que ya amenazan con cortes de servicio. El legislador Jorge Lechman reforzó esta crítica, señalando que el Ejecutivo actúa por "capricho", priorizando gastos políticos innecesarios mientras se queda con el dinero que legítimamente le pertenece a los vecinos de las tres ciudades.
El malestar de los intendentes es total. Perez advirtió que la discusión pública debe volver a lo "importante y urgente", calificando de obsceno que se sigan dilatando los fondos mientras las familias fueguinas padecen el impacto de la crisis. La desconfianza es tal que las autoridades municipales ya no aceptan promesas verbales; exigen que cada peso adeudado sea debidamente calendarizado bajo apercibimiento de embargo judicial. Es el fracaso estrepitoso de un modelo de gestión provincial que prefiere atesorar recursos para su propia supervivencia política antes que garantizar la gobernabilidad territorial de sus municipios.
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